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Contraloría publicó 122 informes de control sobre la emergencia sanitaria Covid-19 en la Región Moquegua

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La Gerencia Regional de Control Moquegua, publicó 122 informes como parte de la “Estrategia de Control a la Emergencia Sanitaria COVID-19”, orientada a garantizar el buen uso de los recursos públicos destinados a la atención de la población y contención de la enfermedad en el país.

Los informes desde servicio de control simultáneo corresponden a supervisiones realizadas en los municipios provinciales y distritales de las tres provincias de la región; así como a hospitales de Ilo y Moquegua, el Gobierno Regional, Comisarías de la Policía Nacional y el Establecimiento Penitenciario regional.

Todos los informes de control han sido oportunamente notificados a las entidades correspondientes y se encuentran publicados en la Plataforma “Monitor de control y transparencia COVID-19” (https://emergenciasanitaria.contraloria.gob.pe/ ) que podrá ser libremente ser consultado por la ciudadanía en general.

En dicha plataforma, que se actualiza diariamente, se comparte información sobre la evolución de la ejecución del presupuesto público destinado y autorizado a nivel nacional para atender la emergencia sanitaria por COVID-19, así como la información que transparentan los 1,874 municipios de todo el país sobre la compra y entrega de canastas básicas a las familias vulnerables a nivel nacional.

INFORMES EN EL PAÍS. A nivel nacional la Contraloría la Contraloría General publicó 6,926 informes, de los cuales 2,961 corresponden a orientaciones de oficio, 2,905 a informes de control concurrente y 1,053 a visitas de control. Del mismo modo, se han publicado 5 informes de servicio de control posterior en la modalidad de acción de oficio posterior, y dos informes de servicio de control previo en la modalidad de endeudamiento interno o externo.

De los casi 7 mil informes de control que están a disposición del público, 2,871 (41%) han sido elaborados por los Órganos de Control Institucional y 4,055 (59%) por las Gerencias Regionales de Control, así como por las Subgerencias de Servicios de Control Gubernamental y Atención de Denuncias de la Contraloría General.

Cabe señalar que la Contraloría está en pleno cumplimiento de la Ley N° 31016 que establece medidas para el despliegue del control simultáneo durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, con la finalidad de velar por el correcto uso de los recursos públicos asignados a proyectos de inversión, adquisiciones de bienes y servicios, obras, entre otras actividades.

CASOS EMBLEMÁTICOS.
COMPRA DE TABLETAS PARA ESCOLARES. Se identificaron riesgos que afectarían la compra de tabletas y otros equipos informáticos, a cargo el Ministerio de Educación, como parte del programa “Aprendo en Casa – Cierre de Brecha Digital”. Una de las recomendaciones en el marco del control concurrente es que el cronograma de entrega imposibilitaría el cumplimiento de plazos de acuerdo a empresas interesadas, y también se debe garantizar el servicio de conectividad para dichos equipos.

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS SE HABRÍAN BENEFICIADOS CON CANASTAS DE VÍVERES. Se identificó que 4,212 funcionarios y servidores públicos a nivel nacional habrían recibido canastas de víveres, a pesar de que no se encontraban dentro de la población vulnerable por el estado de emergencia sanitaria, puesto que sus ingresos netos fluctúan entre los S/1,200 y los S/ 10,000 mensuales.

COBRO DE CLÍNICAS POR PRUEBAS MOLECULARES GRATUITAS. Se evidenció que pese a que el Instituto Nacional de Salud entregó y procesó de manera gratuita pruebas moleculares para la detección del COVID-19 a 19,746 muestras biológicas remitidas por centros de salud privados de Lima, éstos efectuaron cobros relacionados al servicio de diagnóstico que oscilan entre los S/ 422.72 y S/ 576.61.

MEJORAS EN ELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA REACTIVA PERÚ. Se recomendó establecer algunas restricciones para incluir entre beneficiarios del programa Reactiva Perú a empresas que hayan aplicado la suspensión perfecta de labores o tengan vínculos con Empresas del Sistema Financiero (ESF), así como priorizar la atención de las microempresas, ya que son las que generan mayores puestos de trabajo.

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